Por: Amado Ríos Valdez 

Después de dos años de la administración de López Obrador y su gobierno, las cuentas son negativas en los temas que mayormente importan a los mexicanos, como son la seguridad, el crecimiento económico, la disminución de la pobreza, el crecimiento del empleo, el mejoramiento en la salud y el bienestar social, en todos ellos no hay avances, sino estancamiento e incluso retrocesos.

Lo peor es que no se ven planes y programas que reviertan esta difícil situación y solo abundan las justificaciones y las excusas.

En otros temas que, aceptémoslo, no son de la primera línea de interés de la población en general, como son la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y el desarrollo sustentable del país, tampoco hay avances y los retrocesos son muy peligrosos para el presente y futuro de todos los mexicanos.

Sin embargo, que no estén en las prioridades de la percepción pública no quiere decir que no sean importantes, incluso prioritarios e indispensables para un buen ejercicio de gobierno, ya que son temas que atañen directamente al bienestar y el nivel de vida de los mexicanos de hoy y del mañana.

DOS AÑOS DE ENERGÍAS SUCIAS Y DEPENDENCIA DEL CARBÓN Y EL PETRÓLEO

En estos dos años, las metas y compromisos ambientales del Gobierno mexicano han sido incumplidos, ninguneados, invisibilizados, e incluso combatidos abiertamente desde las más altas esferas del poder.

No atender con la prioridad que se merecen los temas y problemáticas ambientales tendrá un altísimo costo de oportunidad para todos los mexicanos, tanto en lo económico como en en nivel de salud y bienestar social.

El gobierno de López Obrador podrá posponer lo que quiera la llegada y la preeminencia de las energías limpias, podrá seguirle apostando al carbón y al petróleo mientras en todo el mundo se camina en sentido opuesto, pero México tendrá que abandonar la economía petrolizada y el consumo de energías contaminantes y dañinas para la salud , y cuando eso ocurra llegaremos tarde y en un mercado en el que seremos dependientes de las grandes potencias y de los grandes consorcios internacionales.

La supuesta soberanía energética que propone el actual gobierno, aunque es un buen propósito, no es ni ha sido posible en los 80 años desde la expropiación petrolera, y si bien no es posible abandonar por completo la dependencia del petróleo, sí es posible transitar lo más pronto posible para desarrollar tecnología, investigación, infraestructura y trazar una ruta nacional, propia, independiente para que el sol, los vientos, el agua, las mareas y otras fuerzas naturales sean las que nos provean de energía por los próximos siglos.

México adquirió compromisos con todos los países para cooperar en la disminución de los venenosos gases de efecto invernadero y en concordancia con esos compromisos y a la gravedad de la situación del clima y la contaminación a nivel mundial, se comenzó hace unos 10 años con planes y programas de transición energética; sin embargo, en los primeros dos años del gobierno del López Obrador, estos planes y compromisos se han abandonado para adoptar un plan de fortalecimiento de la dependencia del país de las fuentes de energías contaminantes como el carbón y el petróleo.

En los hechos la política energética y ambiental de nuestro gobierno es hoy tan retrógrada como la que impulsan los personajes más reaccionarios de la política internacional como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Vladimir Putin. López Obrador nos ha colocado en los hechos como uno de los países que sabotean los esfuerzos de la comunidad internacional, de las comunidades, de los jóvenes, los científicos, para abatir la crisis climática mundial. Somos, en los hechos, esclavos de las políticas ideadas en los grandes corporativos petroleros como Exxon, Shell, etc y de las naciones que gobiernan la política energética petrolera como Emiratos Árabes, Rusia, Estados Unidos, entre otros.

EL GOBIERNO IMPULSA PROYECTOS ECOCIDAS

Internamente el gobierno de López Obrador ha sido la punta de lanza para debilitar los controles institucionales y ciudadanos sobre el modelo de crecimiento del país.

En los gobiernos anteriores ya era pobre y con poco peso político la materia ambiental, pero en estos dos años, se perdió lo poco que había e incluso se fue más atrás de lo imaginable.

Desde el mismo gobierno se ha impulsado una política de debilitamiento sistemático de las estructuras, organismos y los presupuestos de las instituciones del sector ambiental federal. Desde 2015 al 2018 el sector ambiental y sus instituciones sufrieron la reducción del 40% de su presupuesto, pero al ya mermado presupuesto el gobierno de López Obrador redujo aún más, con lo que ahora es 40% menos de lo ya pobre del 2018.

Sin presupuesto no hay recursos para lo más elemental de las tareas de control y vigilancia: no hay para gasolina, reparación de vehículos, etc.

A esto se suma la expulsión de personal técnico capacitado y con años de experiencia y la llegada de personal improvisado, la mayoría militantes de MORENA sin mayor formación ni perfil técnico y científico, y como resultado tenemos hoy una parálisis abrumadora, falta de apego a los criterios técnicos, legales y éticos más elementales.

Parecería en el 2018 que no podría estar peor el sector ambiental federal, pero fue un error, hoy es peor, mucho peor.

Desde el mismo gobierno se impulsa la transgresión de las normas y leyes ambientales con el impulso de proyectos ecocidas como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Trasnístmico y el aeropuerto de Santa Lucía.

No solo han violentado las leyes y las normas técnicas más básicas, sino que son proyectos económicamente inviables a decir de los expertos.

Desde este mismo espacio he señalado que la Refinería de Dos Bocas fue descalificada desde el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en un estudio del 2018.

El IMP documentó que, después de analizar 12 sitios para establecer una nueva refinería, el peor lugar era el puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco.

En ese mismo año PEMEX inició un proceso para declarar las 500 hectáreas de manglares y selva mediana en ese sitio como área natural protegida por la biodiversidad de aves, mamíferos, reptiles y por la importancia del manglar para la estabilidad ecológica de la zona.

Nada de eso importó al nuevo gobierno pues desde julio de 2018 y de común acuerdo con el gobierno de Peña Nieto, se cometió un brutal ecocidio de 400 hectáreas de manglares y selva entre julio y noviembre de 2018, todo ello supervisado y liderado por la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle.

No contentos con este grave delito, que sigue aun impune y sus perpetradores sin castigo, en noviembre de 2018 el presidente electo anunció con mucha alegría que había logrado echar abajo el proyecto de decretar la protección del Mar de Cortés, proyecto en el que habían trabajado por varios años pescadores, científicos, empresarios turísticos, etc, nada de eso importó para cumplirles una promesa de campaña a los dueños de las grandes flotas de pesca.

El Tren Maya, un proyecto inviable por donde se le vea, acaba de ser autorizado (una de sus etapas y la menos compleja desde el punto de vista ambiental) con el permiso para eliminar 800 hectáreas de selva. Ello ocurre a pesar de que el presidente López Obrador prometió, públicamente en diversos actos, que no se eliminaría ni un solo árbol.

A todo este desastre se suma, como una comprobación de la nula importancia de los problemas y retos ambientales para este gobierno, el nombramiento de personajes improvisados como Josefa González Blanco; incapaces de entender la realidad fuera de su cubículo académico, como Víctor Manuel Toledo Manzur, y por lo tantos funcionalmente inútiles; o como la actual María Luisa Albores, militante partidista disciplinada, obediente, sin mayor conocimiento, experiencia ni proyecto para los grandes problemas y retos que tiene nuestro país para abandonar un modelo de crecimiento de capitalismo salvaje.

Hasta ahora han sido dos años de nada y todo indica que seguirán 4 años peores, si eso es posible.