En julio del 2024 se cumplieron tres años desde el inicio de la disputa del territorio fronterizo de Chiapas por parte de distintos grupos criminales.

A partir de entonces se han vuelto comunes los enfrentamientos armados entre los diferentes bandos a lo largo de municipios de la región Sierra Mariscal y Frailesca.

Desde finales de julio, la situación se agravó para la población civil, en particular, de los municipios de Ángel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Concordia, La Grandeza, Mazapa, Montecristo de Guerrero, Motozintla y Siltepec.

Durante el mes de agosto, el escenario no ha mejorado, dio a conocer en un comunicado la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS). Las y los habitantes de dicha región se enfrentan a un contexto de control por parte de grupos criminales.

Esto incluye situaciones como: Realizar bloqueos o participar en marchas obligados y bajo amenaza, reclutamiento forzado de hombres a partir de 18 años, uso de la población civil en enfrentamientos entre grupos criminales, el sitio de comunidades mediante acciones como la destrucción de infraestructura de comunicación, cortes de electricidad, emboscadas y ataques directos contra habitantes, entre otros.

Pobladores de Frontera Comalapa, Sierra y Soconusco señalan: “Nos están obligando a realizar bloqueos carreteros, enfrentar al ejército, la guardia nacional y hacer marchas solicitando el retiro o la no presencia en nuestras comunidades y el que no asista es desplazado, reclutado, tableado, asesinado y/o desaparecido”.

El día 19 de agosto, pobladores de Ángel Albino Corzo (Jaltenango) fueron obligados a realizar un bloqueo y quedaron en fuego cruzado , mientras que el día 20, familias de Chicomuselo se desplazaron de sus hogares tras cuatro días de enfrentamientos armados. Ese mismo día, habitantes de Motozintla fueron obligados a participar en una marcha y posteriormente fueron atacados a balazos.

El 21 de agosto pobladores de Frontera Comalapa denunciaron el levantamiento de 70 hombres por grupos armados. Situaciones como las mencionadas se han convertido en el pan de cada día para las y los habitantes de dichos municipios.

Actualmente, existe un escenario de escasez de víveres ante la suspensión del comercio y el abastecimiento de comercios locales, asesinato de población civil en enfrentamientos y desplazamiento forzado de comunidades enteras.

Lo anterior, ha sido ya mencionado por Obispos de Chiapas y Guatemala, así como por las Diócesis de San Cristóbal y Tapachula . Ante este contexto, la integridad de las 161,570 niñas, niños y adolescentes que habitan en los municipios de Ángel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Concordia, Mazapa, Montecristo de Guerrero, Motozintla y Siltepec7 se encuentra particularmente vulnerada.

Ya que sufren el impacto de la suspensión de clases, y de otros aspectos de la vida cotidiana como la recreación y el esparcimiento. Aunado a lo anterior, viven con miedo a los enfrentamientos y se enfrentan al desarraigo al verse obligados a abandonar sus hogares.

“Sabemos que en los municipios señalados existe un estimado de 161,570 niñas, niños y adolescentes, los cuales consideramos que son directa e indirectamente afectados por la violencia criminal en la región. Sin embargo, no existen más datos oficiales que permitan conocer exactamente la magnitud de la afectación a la población infantil y adolescente”.

Por ejemplo: ¿Cuántos han sido afectados por la suspensión de clases debido a la violencia? ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes han sido víctimas del reclutamiento de familiares? ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por grupos criminales? ¿Cuántos han sido desplazados forzadamente al interior del estado, a Guatemala, a otros estados de la república o a Estados Unidos?

Desde la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) consideramos que no podemos normalizar la situación actual en que, al menos, 13 municipios se han convertido en campos de batalla, así como la utilización de la población civil como botín de grupos criminales.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles para reconocer la problemática de violencia que existe en la región, ya que este es el primer paso para la implementación efectiva de acciones de protección”.

REDIAS exigió al gobierno mexicano y del estado que de manera urgente, salvaguardar la vida e integridad de las niñas, niños y adolescentes de los municipios en crisis, particularmente en la región Sierra Mariscal y Frailesca Así como atender la crisis de desplazamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y de sus familias, implementar las acciones de ayuda humanitaria necesarias, con un enfoque de reparación y atención psicoemocional además de crear las condiciones necesarias para que niñas, niños y adolescentes de esos municipios se inserten de manera inmediata a su nuevo ciclo escolar (2024-2025).