Empresas transportistas reportaron un presunto faltante de más de 246.5 toneladas en 838 viajes relacionados con 16 centros de acopio de Chiapas, con una afectación económica estimada en un millón 705 mil 932 pesos.

La delegación estatal de CONATRAM informó que presentó 16 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Pedro García Huerta, Coordinación Nacional Territorial de CONTRAM dijo que detectaron diferencias entre las cantidades registradas en origen y las corroboradas mediante otros sistemas de medición.

Contrastaron los registros oficiales con básculas privadas certificadas, información de geolocalización, sensores de peso y volumen, así como documentos de viajes y entregas.

CONATRAM explicó que estas discrepancias repercuten directamente en los transportistas, pues los pesos asentados sirven para determinar la mercancía transportada y el pago de sus servicios. Entre los centros señalados figuran Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz, El Rosario, La Concordia, Las Grutas, El Santuario y Rizo de Oro.

Solicitó a Alimentación para el Bienestar, cuya titular es María Luisa Albores González, revisar la operación de los centros, identificar quiénes tenían a su cargo las básculas y determinar quién podía capturar o modificar registros.

También pidió a Profeco verificar los equipos y a la Auditoría Superior de la Federación revisar si hubo afectaciones a recursos públicos. La organización pidió a la FGR preservar y analizar registros originales de pesaje, archivos electrónicos, bitácoras de usuarios, inventarios y movimientos de las unidades para reconstruir cada operación y determinar posibles responsabilidades.

Corresponderá a las autoridades esclarecer si existieron delitos o faltas administrativas. Reiteró su disposición a colaborar con la investigación y señaló que busca proteger el programa de apoyo al campo y corregir posibles irregularidades, indicó.

Cabe señalar que Alimentación para el Bienestar, antes SEGALMEX fue señalado por casos corrupción en el sexenio pasado con irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y montos desviados a través de contratos con empresas fantasmas.