Integrantes de organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), lamentó que el 19 de abril la jueza del Juzgado Penal de San Cristóbal de Las Casas dictó sentencia condenatoria de 25 años a los cinco defensores tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, por un delito que no cometieron.

Dora Lilia Roblero García, directora del organismo de derechos humanos, dijo basta de fabricación de delitos, libertad inmediata y abajo los testigos falsos tal y como lo señalan en una carta los propios reclusos, Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar.

Explicó que hubo inconsistencias en las pruebas fabricadas por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena, además de múltiples violaciones a derechos humanos.

El 12 de mayo de 2023, fueron sentenciados por primera vez, a veinticinco años de prisión. A través del recurso de apelación, a finales de febrero de 2024, el Poder Judicial chiapaneco decidió reponer la audiencia de juicio oral aun cuando pudo haberse pronunciado por el fondo y corroborar que la fiscalía no había logrado mantener su fabricación.

Durante la reposición del juicio quedó nuevamente comprobado que se trataba de una acusación fabricada.

La nueva Jueza sin tomar en consideración que ninguna prueba responsabilizaba directamente a los acusados, y que existían incluso dudas sobre la existencia de un delito, emitió de nueva cuenta una sentencia condenatoria.

Este acto es muestra del patrón sistémico y generalizado de la (in)justicia mexicana. Se confirma que existe una criminalización a defensores del territorio, agravando la crisis de derechos humanos que se vive en México.

Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de que valore la adopción de Medidas Cautelares para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), además de atender la situación carcelaria y de condiciones dignas de internamiento, bajo los estándares interamericanos protectores del derecho a la salud en interdependencia con los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal.

José Díaz se encuentra en grave riesgo a su salud, además que, como persona perteneciente al pueblo Ch’ol no ha tenido las mínimas atenciones respecto a la adopción de medidas culturalmente adecuadas.

En este sentido, el Frayba solicitó a autoridades que de manera pronta y urgente la intervención para brindar atención médica y hospitalaria en favor de José Díaz, siendo extensiva a la población interna del CERSS 17 de Catazajá, por la situación en la que se encuentran y en aras de prevenir una probable propagación de la enfermedad ya sea por contagio o por el propio hacinamiento.