Sancionarán a ex funcionarios del Indeporte con 10 años de inhabilitación; avanzan acuerdos de minuta con Madres en Resistencia: FGE


 El Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca y la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, dieron a conocer los avances de los siete puntos de la minuta con las Madres en Resistencia y de los cuales cuatro están pendientes y a la disponibilidad de integrantes de la colectiva, el resto fueron atendidos.


Fue el 9 de octubre, que la dependencia suscribió una minuta de acuerdos con representantes. Dicha minuta surgió tras los hechos del 7 de octubre, cuando las manifestantes denunciaron intento de desalojo por parte de elementos municipales de Seguridad y Tránsito de Tuxtla Gutiérrez.


La Fiscalía abrió una carpeta de investigación que continúa en proceso de integración. Se están recopilando videos, documentos y datos de prueba para determinar las responsabilidades correspondientes”.


También se dio vista a la Policía Cibernética para incorporar material difundido en redes sociales y páginas digitales que documentaron los hechos. Además está -dijo el fiscal. a la disposición de realizar el acompañamiento a una brigada de búsqueda, en los tiempos que determinen.


Uno de los puntos atendidos es con la Secretaría de Seguridad del Pueblo para mostrar a las personas manifestantes los sistemas de videovigilancia y colaborar en la revisión de cámaras o registros que puedan aportar datos a las investigaciones.


Por su parte la titular de la Secretaría Anticorrupción, Ana Laura Romero Basurto informó sobre el avance del procedimiento administrativo relacionado con el caso de la menor Jade Guadalupe Yuing Gómez, encontrada sin vida en enero de 2020 dentro del Instituto del Deporte del Estado (Indeporte).


Precisó que la exdirectora Tania Valeria Robles Velázquez compareció ante la dependencia y que el expediente se encuentra en etapa de integración, hay dos personas más en espera de su comparecencia.


De acuerdo con la ley, las personas involucradas pueden ser sancionadas hasta con 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.