Con el objetivo de garantizar elecciones limpias y proteger los derechos de las mujeres, diputadas, autoridades electorales y representantes de la sociedad civil presentaron una iniciativa de reforma para impedir que personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género puedan acceder a cargos públicos o participar como candidatas en procesos electorales.

La propuesta fue impulsada por las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Magali Anabel Arellano Córdova; con el apoyo de la consejera María Magdalena Vila Domínguez y la presidenta de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), María Teresa Olvera Caballero.

La iniciativa plantea modificaciones al artículo 38 de la Constitución Política Federal y al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, con el propósito de armonizar la legislación local con las disposiciones constitucionales vigentes.

De aprobarse, cualquier persona que cuente con una sentencia firme emitida por una autoridad jurisdiccional electoral o una resolución definitiva por cometer violencia política en razón de género quedará suspendida en sus derechos político-electorales.

En consecuencia, no podrá registrarse como candidata a un cargo de elección popular ni desempeñar funciones en el servicio público.

Asimismo, la propuesta contempla reformar la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado para establecer la nulidad de una elección cuando se acredite que durante el proceso electoral una persona incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género.

La iniciativa también prevé que el partido político o la candidatura responsable de estas conductas no pueda participar en la elección extraordinaria que eventualmente sea convocada, con el fin de evitar vacíos legales y fortalecer la protección de los derechos políticos de las mujeres.

Las promoventes señalaron que para consolidar una democracia efectiva es indispensable que las mujeres participen en condiciones de igualdad, seguridad y libres de discriminación y violencia política de género.

Añadieron que esta propuesta busca fortalecer el marco legal y avanzar hacia una democracia más justa, donde el respeto a los derechos de las mujeres sea una prioridad.