Autoridades electorales, presidentes municipales y funcionarios, participaron en la instalación de la denominada “Mesa Naranja”, un mecanismo de coordinación institucional enfocado en la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Este tipo de violencia continúa siendo un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, pese al incremento de su participación en cargos de representación y toma de decisiones.

El evento fue encabezado por la secretaria de Gobierno Dulce Rodríguez Ovando, la presidente del Tribunal Electoral de Chiapas y de presidenta de tribunales del país, Magali Arellano Córdova.

Subrayaron que cuando una mujer enfrenta violencia en el ámbito político no solo se afecta su persona, sino también la representación ciudadana y el fortalecimiento democrático.

En este contexto, se formalizó la firma de un acuerdo de colaboración con presidencias municipales, con el objetivo de impulsar acciones de prevención, capacitación y atención a víctimas, además de fortalecer mecanismos institucionales que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

El Tribunal Electoral del Estado fue señalado como una instancia clave en la protección de estos derechos, a través de resoluciones, criterios jurisprudenciales y medidas de tutela.

La presidenta del TEECH, Magali Arellano, explicó que se establece que la violencia política contra las mujeres en razón de género representa una vulneración grave a los derechos humanos, así como a la democracia paritaria y al ejercicio pleno de los derechos político-electorales.

Ante ello, subrayó la necesidad de respuestas institucionales articuladas, sostenidas y con enfoque de género e interseccionalidad.

Asimismo, reconoció la importancia de generar entornos seguros, incluyentes y libres de violencia para todas las mujeres que participan en la vida pública, particularmente en espacios de toma de decisiones, donde aún persisten obstáculos estructurales que limitan su participación.

Entre los compromisos asumidos, se planteó impulsar acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de este tipo de violencia desde las atribuciones de cada institución, además de fortalecer la coordinación interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil.

Promover la participación activa de mujeres electas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como difundir información, buenas prácticas y mecanismos de denuncia que contribuyan a combatir la impunidad y evitar la revictimización.

Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rebeca Barrera Amador, explicó que la Mesa Naranja forma parte de una estrategia nacional que busca atender esta problemática desde un enfoque preventivo, mediante la articulación de autoridades, instituciones y sociedad.

Detalló que este modelo contempla acciones como diagnósticos locales, programas de formación, campañas de sensibilización y protocolos de actuación, con especial énfasis en el ámbito municipal, donde se concentra gran parte de los casos.

Asimismo, señaló que la violencia política de género es un fenómeno de carácter nacional, por lo que requiere respuestas coordinadas y adaptadas a las realidades locales, sin generar cargas administrativas adicionales para las instituciones participantes.

Este espacio busca consolidarse como un mecanismo permanente de diálogo, coordinación y acción, con el fin de avanzar hacia entornos políticos libres de violencia y con condiciones de igualdad para la participación de las mujeres en Chiapas.

Finalmente, se contempla replicar el modelo de las Mesas Naranjas en otros municipios de la entidad, con el objetivo de consolidar espacios de diálogo, acción y transformación que permitan avanzar hacia una democracia paritaria y libre de violencia.