En Chiapas, colectivas feministas en la Red por la Justicia Reproductiva y la organización Abortistas MX promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso del Estado y del ejecutivo estatal.

Lo anterior por las omisiones por parte de la oficialía de partes y mesa directiva de Poder Legislativo al ignorar la iniciativa de despenalización del aborto presentada el 15 de noviembre de 2022 por la diputada Floralma Gómez Santiz, presidenta de la comisión de Atención a la Mujer y la Niñez.

La iniciativa busca reformar los artículos 70, 178 y 180 del Código Penal reformas apegadas a la sentencia 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre 2021 que declaró inconstitucional la criminalización del aborto en el país. Alejandra Muñoz comentó que en el Congreso de Chiapas les hace falta legislar en favor de las mujeres.

Incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que la norma en cuestión transgrede los derechos humanos a decidir de las mujeres y otras personas gestantes, a la autonomía, a la salud, a la libertad reproductiva, a la igualdad de género y a la privacidad.

Cabe recordar que le Congreso del Estado aprobó el 3 de mayo una reforma del artículo 181 del Código Penal en la que eliminó el plazo de 90 días para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo para víctimas de violación.

Dicha reforma sobre aborto permanece como obstáculo para el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres y de otras personas gestantes, ya que subside la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo de forma voluntaria.