A nueve años y cinco meses de haber sido desplazadas por la violencia en el Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, 14 familias indígenas exigieron a la autoridad estatal la reubicación digna, segura y definitiva, luego de casi una década viviendo en condiciones precarias en un campamento provisional.

Araceli Cruz López, vocera de las familias desplazadas, denunció la falta de atención por parte de las autoridades estatales y la ausencia de soluciones efectivas a pesar de contar con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las familias fueron desplazadas el 26 de mayo de 2016, tras una ola de violencia en el que fue asesinado Guadalupe Cruz Hernández, familiar de los hoy desplazados.

Desde entonces, viven en un campamento provisional en San Cristóbal de Las Casas, donde no son las menores condiciones, señaló.

Piden un espacio donde cuenten con acceso a agua potable, educación y servicios médicos y es que dijo que el desplazamiento interrumpió su vida comunitaria y cultural. Solicitó la instalación de una mesa interinstitucional de seguimiento.