Patricia Espinosa.- A La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez acusó a elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de irrumpir de manera violenta y sin presentar una orden judicial en la Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino”, donde detuvieron a un ciudadano guatemalteco y, presuntamente, pusieron en riesgo a personas migrantes, una menor de edad y voluntarios que se encontraban en el albergue.

El presbítero Gilberto Hernández García, asesor de la Comisión Diocesana de la Pastoral Social, condenó los hechos ocurridos la noche del 6 de agosto, alrededor de las de las 10 de la nochea al considerar que se vulneró un espacio dedicado exclusivamente a la atención humanitaria.

Detalló que los agentes ministeriales ingresaron por la fuerza al inmueble, derribando una de las puertas pese a que el encargado del albergue intentaba abrir el acceso.

Afirmó que durante el operativo no fue exhibida una orden de cateo al personal responsable del lugar. La persona detenida llegó la pasado miércoles con una menor de edad.

Denunció daños materiales en las instalaciones, el desorden de pertenencias de los migrantes y la desaparición de la memoria de una cámara de videovigilancia, así como de un reloj propiedad de un trabajador del albergue.

La Pastoral Social exigió a la Fiscalía abrir una investigación para determinar responsabilidades penales y administrativas contra los agentes y mandos que ordenaron el operativo.

Pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitir medidas cautelares para proteger a las personas migrantes y al personal del albergue.

Demandó la reparación integral de los daños ocasionados, atención psicológica para quienes presenciaron el operativo y garantías de no repetición.

“No protegemos delincuentes, exigimos que se respete la ley”, sentenció. “Si había un presunto delincuente, nosotros no nos íbamos a oponer; lo único que pedimos es que las autoridades actúen conforme a la ley y presenten la orden judicial correspondiente”, expresó.

La Casa del Migrante mantiene protocolos de ingreso para proteger a quienes ahí se refugian, debido a que muchas personas migrantes han sido víctimas de secuestro, extorsión, trata y otros delitos durante su tránsito por México.

Solicitó a las autoridades estatales, organizaciones católicas, de la sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y medios de comunicación a respaldar la labor humanitaria de los albergues para personas migrantes.

Actualmente, la Casa del Migrante atiende alrededor de 15 personas por día, principalmente provenientes de Centroamérica y Venezuela, quienes permanecen uno o dos días antes de continuar su trayecto.